Emilio Vicchi falleció en Mendoza el 31 de agosto de 1897, con apenas cuarenta y un años de edad, cuando Vicchi Hnos. y Cía. llevaba solo tres años de existencia formal. Su muerte fue la primera pérdida importante que debió afrontar la sociedad familiar.
Lejos de exigir la inmediata liquidación de la participación de su esposo, Luigia Di Battistini tomó una decisión que marcaría el futuro económico de su familia.
En febrero de 1898 mantuvo íntegramente el capital hereditario a Vicchi Hnos. mediante un contrato que inicialmente tendría una duración de tres años y que luego sería prorrogado por ocho años más.
Paralelamente, se trasladó a Buenos Aires junto a sus hijos, donde encontró el apoyo de Antonio Vicchi y de Zita Bielli, quienes residían en Riobamba 337, en las cercanías de la actual Plaza del Congreso.
Luigia sabía que su contrato con la sociedad terminaría al finalizar la temporada agrícola de 1908/1909 y que, llegado ese momento, debía decidir cómo redirigir el patrimonio de su familia, dado que varios de sus hijos alcanzarían la mayoría de edad.
Ya en 1905, su hija mayor, María Vicchi, se había casado con Adamo Vicchi Moretti, hijo de Lorenzo y Angiola, pese al parentesco de segundo grado.
Su otra hija, Herminia, se había comprometido con Ernesto Eugenio Moretti, hijo del bodeguero Lazzaro Moretti y Emilia Tarantola —matrimonio que finalmente se concretó en 1911—.
Asimismo, su hijo Giorgio Zeffirino alcanzaría la mayoría de edad el 24 de abril de 1908, y a partir de entonces asumiría las responsabilidades que correspondían al hijo varón mayor dentro de una familia encabezada por una viuda.
Sin embargo, la decisión que Luigia tenía prevista para 1909 se vio precipitada por el fallecimiento de su cuñado Pietro Vicchi, ocurrido en febrero de 1908.
Así, Luigia decidió retornar a Mendoza con sus hijos menores y comenzar a definir el destino patrimonial de los hijos mayores. Cuatro días después del cumpleaños de Giorgio Zeffirino, el 28 de abril de 1908, Luigia inició la sucesión de Emilio, con la conformidad de Lorenzo, quien incluso actuó de fiador.
A raíz de esta situación, Lorenzo inició paralelamente la liquidación de Vicchi Hnos. y Cía. ante otro juzgado.
Durante una visita al Archivo Histórico de Mendoza tuve acceso breve al expediente de la sucesión. Al iniciarse el trámite, el abogado de Luigia explicó al juez que la decisión de continuar en la sociedad familiar, aunque no hubiera respetado estrictamente la legislación vigente, había respondido a una convicción empresarial:
Según el propio expediente, la empresa funcionaba sobre la base de “la extrema y absoluta confianza que los socios se tenían recíprocamente”, circunstancia que ayuda a explicar por qué muchas de sus decisiones no siempre siguieron las formalidades previstas por la legislación comercial.
Por suerte para Luigia, los resultados justificaron aquella confianza.
El capital inicial aportado por Emilio rondaba los veinte mil pesos moneda nacional en 1894 y se reconocieron 48.419 pesos a favor de la sucesión en 1898, luego del fallecimiento. Al liquidarse la sociedad, una década más tarde, el patrimonio correspondiente a la sucesión alcanzaba los 182.304 pesos a finales de 1908 (Suc. E.V.). Según Correa (1992), para 1909 la sociedad poseía un capital de 1.500.000 pesos moneda nacional, por lo que la participación societaria se habría mantenido.
Como una parte importante del patrimonio pertenecía a hijos menores de edad, se solicitó la designación de un tutor especial que los representara, ante la posibilidad de que existieran intereses contrapuestos entre ellos y su madre. Los hechos terminarían demostrando lo contrario.
Designada administradora de la sucesión, Luigia otorgó un poder amplio a su hijo Giorgio Zeffirino, quien pasó a dedicarse exclusivamente a la gestión de los negocios familiares. Mientras él atendía buena parte de la administración cotidiana, Luigia conservaba la conducción de las decisiones económicas de mayor importancia.
Aquella división de funciones muestra una característica frecuente de las empresas familiares de la época: aunque los hombres aparecían públicamente como representantes comerciales o administradores visibles, las decisiones patrimoniales de fondo permanecían bajo la conducción de las mujeres propietarias.
Uno de los recursos habituales de la época para financiar inversiones era el préstamo hipotecario, que podía obtenerse mediante la presentación de un inmueble como garantía. Las condiciones variaban entre las instituciones otorgantes: resultaban más convenientes en los bancos oficiales, especialmente en el Banco Hipotecario Nacional, mientras que aumentaban las exigencias y las tasas de interés en las instituciones privadas, las casas bancarias y, aún más, entre los prestamistas particulares.
Durante los años siguientes, Luigia desarrolló una intensa actividad empresarial. Construyó la residencia familiar sobre la calle Colón, cuyo proyecto y construcción estuvieron a cargo de Ricardo Ruiz y Cía., según consta en el Álbum Británico. La firma, establecida en Mendoza en mayo de 1909, estaba integrada por Ricardo Ruiz y Juan Monberg. Ruiz tenía a su cargo los trabajos de construcción, mientras que Monberg era arquitecto, graduado en Copenhague en 1904. La empresa había participado en la realización de diversos edificios y residencias destacadas de Mendoza.
Además, Luigia adquirió y vendió inmuebles urbanos, realizó mejoras y aprovechó las oportunidades que ofrecía el mercado inmobiliario con los fondos provenientes de la liquidación de la sociedad, créditos hipotecarios y los ingresos generados por su propia actividad.
Pero su principal apuesta fue la vitivinicultura.
En 1912 adquirió una quinta sobre el Carril Nacional, en Guaymallén, y posteriormente incorporó una finca de aproximadamente 8,15 hectáreas, plantada con viñas francesas y equipada con una pequeña bodega. Invirtió, además, importantes sumas en vasijas, maquinaria y mejoras edilicias, transformando aquella explotación en un establecimiento vitivinícola moderno.
Fue entonces cuando comenzó a identificar su producción bajo la denominación “Luisa B. Vda. de Vicchi”, nombre que quedó registrado tanto en las etiquetas de las bordelesas de vino como en los planos originales de sus viñedos.
Una de esas etiquetas, impresa en blanco y negro y de formato circular, permite observar la manera en que el establecimiento presentaba comercialmente sus vinos.
En el arco superior de la composición aparece, en grandes caracteres, “Establecimiento Vitivinícola”. Debajo se lee “Vino especial para mesa”, acompañada por la representación de un sarmiento de vid con un racimo de uvas, hojas y zarcillos. Esta expresión identificaba el producto como un vino destinado al consumo durante las comidas, mientras que el término “especial” contribuía a destacar comercialmente sus cualidades.
En la zona inferior aparecen las referencias geográficas “Guaymallén” y “Mendoza”, que vinculaban explícitamente el producto con su lugar de elaboración.
A ambos lados se observan dos pequeños espacios rectangulares destinados a consignar el número y la cantidad en litros. En el centro queda un recuadro de mayores dimensiones, probablemente reservado para incorporar información adicional.
La composición, de marcada simetría y dominada por grandes caracteres tipográficos, responde a los recursos visuales habituales de las etiquetas comerciales vitivinícolas de la época.
Sin embargo, el elemento de mayor jerarquía visual es el nombre “Luisa B. Vda. de Vicchi”, dispuesto horizontalmente en el centro y atravesando prácticamente toda la pieza. Su posición central le otorga mayor jerarquía visual dentro de la composición y convierte el nombre de la productora en el principal elemento de identificación del establecimiento.
Era también la consolidación de una identidad empresarial propia. Luigia continuaba siendo, en los documentos y en las etiquetas, la “Vda. de Vicchi”. Sin embargo, esa fórmula ya no remitía únicamente a su estado civil ni a su condición de esposa de un empresario fallecido: identificaba también a una propietaria, inversora y productora vitivinícola que había asumido la conducción y modernización de su establecimiento.
Al igual que en el caso de Ángela Polloni, mantener una empresa propia separada de la sucesión le permitía a Luigia actuar con mayor autonomía, sin tener que justificar ante los jueces cada decisión o movimiento empresarial.
Los primeros años del establecimiento vitivinícola de Guaymallén fueron particularmente favorables. Sin embargo, la crisis vitivinícola y monetaria que afectó al país entre 1912 y 1914 obligó a replantear la estrategia financiera de la empresa. Luigia recurrió entonces al crédito del Banco Anglo Sud Americano para sostener las inversiones y mantener la producción.
En aquellos años podían distinguirse dos grandes grupos de empresarios vitivinícolas: los diversificados y los especializados. Los primeros combinaban generalmente comercio y agroindustria y utilizaban las ganancias de una actividad para sostener la otra, fortaleciendo así sus finanzas. Los segundos, que se encontraban entre los mayores productores, estaban fuertemente endeudados y sus empresas resultaban más vulnerables a las crisis cíclicas de la vitivinicultura.
Por el peso que adquirió el crédito en su estrategia financiera, Luigia presentaba rasgos más cercanos al segundo grupo, aunque su escala productiva era menor.
En una presentación judicial realizada en 1914, Luigia explicó que todas las adquisiciones efectuadas desde 1908 se habían realizado exclusivamente a su nombre para facilitar las negociaciones, y que el propósito de su gestión había sido “el acrecentamiento de los bienes para mis hijos”. También justificó el endeudamiento, sosteniendo que el acceso al crédito permitía atravesar las crisis sin comprometer el patrimonio familiar. Todas sus obligaciones debieron ser refinanciadas en 1919.
Aquí aparece con mayor claridad la lógica que había guiado su gestión.
Frente a una crisis productiva, una alternativa era reducir los costos: disminuir el riego, limitar la fertilización o postergar la renovación de los cultivos. Luigia eligió otro camino: recurrir al crédito para sostener la inversión y mantener la capacidad productiva. Su razonamiento partía de una premisa sencilla pero fundamental: las crisis eran cíclicas y, por lo tanto, podían atravesarse sin entrar en círculos viciosos de descapitalización.
No se trataba, entonces, simplemente de conservar lo heredado. Luigia asumía el riesgo financiero para sostener y acrecentar la capacidad productiva del patrimonio familiar. Esta manera de administrar permite caracterizarla no solo a una productora vitivinícola, sino a una empresaria que tomaba decisiones de inversión con una perspectiva de largo plazo.
La sucesión de Emilio concluyó finalmente en 1926, época para la cual ya se habían casado las hijas menores de Luigia: Enriqueta, con Arturo Plaza; y Felicidad Adela, con Oreste Lualdi Ravazenghi.
La partición de los bienes revela una organización patrimonial cuidadosamente diseñada.
Aunque la distribución respetó las proporciones de las legítimas previstas por la ley y todos los herederos recibieron bienes con pequeñas cargas, Giorgio Zeffirino y Arístides Dante Vicchi, su hermano, recibieron en condominio las propiedades de mayor valor económico. A cambio, asumieron la mayor parte de las deudas hipotecarias de la sucesión —más los riesgos asociados— y quedaron obligados a compensar a su madre y hermanas —Herminia, Enriqueta y Felicidad— mediante pequeños créditos que devengaban un interés anual del siete por ciento.
Todo indica que la solución adoptada buscó preservar la unidad del patrimonio familiar, evitando la fragmentación de los activos y distribuyendo las responsabilidades de acuerdo con la función que cada uno desempeñaría en adelante.
La documentación disponible permite suponer que, a partir de entonces, ambos hermanos continuaron administrando buena parte de ese patrimonio y de los créditos hipotecarios.
Luigia, por su parte, optó por conservar la unidad productiva que desde un principio había adquirido para ella: el viñedo y la bodega de la explotación vitivinícola de Guaymallén.
Un interrogante, sin embargo, permanece abierto.
Cuando se inició su propia sucesión, tras su fallecimiento el 6 de marzo de 1938, los informes del Registro Público y de la Dirección General de Rentas indicaban que ya no existían inmuebles inscriptos a su nombre. La documentación consultada no permite establecer con precisión cuándo ni por qué Luisa dejó de ser propietaria del establecimiento vitivinícola de Guaymallén, que había conservado en la partición de 1926. Todo indica que la transmisión se produjo durante los últimos años de su vida. La sucesión concluyó recién en 1943.
Las historias de Luigia Di Battistini y de Ángela María Polloni permiten comprender cómo continuó la actividad vitivinícola tras la muerte de sus fundadores. Fueron ellas quienes asumieron la responsabilidad de administrar, bajo control judicial, el patrimonio construido por los hermanos Vicchi, además de obtener financiamiento, invertir en tierras y maquinarias, sostener la producción, crear nuevas marcas, preservar las redes comerciales y sostener la continuidad económica de sus familias, aun frente a las recurrentes crisis de la industria.
Sus historias recuerdan que la expansión de la vitivinicultura mendocina también fue posible gracias al trabajo de muchas mujeres que, tras enviudar, asumieron responsabilidades empresariales que pocas veces les fueron reconocidas.
No fueron viudas que necesitaran de un hijo como sostén. Fueron ellas quienes sostuvieron a sus familias, sus empresas, sus tierras y sus patrimonios cuando sus maridos ya no estaban.